Materias pendientes, debates insoportables

Por Carlos Flores

Afortunadamente los índices de pobreza e indigencia siguen bajando en el Uruguay. Lo celebramos. Estos índices, calculados por el Instituto Nacional de Estadísticas, catalogan de indigentes a aquellos hogares cuyos ingresos per cápita no alcanzan para las necesidades básicas alimenticias y clasifican de pobres, a aquellos que no alcanzan a satisfacer sus necesidades básicas alimenticias y no alimenticias.

Pero las políticas sociales abarcan un espectro mucho mayor que el combate a la pobreza. Deben tener, al menos, tres objetivos: el combate a la pobreza, la cobertura de las necesidades básicas inmateriales y corregir la desigualdad. En la búsqueda de los mejores resultados, estos tres objetivos compiten por los recursos por lo que, las políticas sociales exclusivamente dedicadas al combate a la pobreza mediante el asistencialismo, están condenadas al fracaso.

Lamentablemente, días atrás el parlamento perdió una vez más la oportunidad de elevar la mira en el llamado a sala del ministro de Desarrollo Social promovido por Ana Lía Piñeyrúa. La discusión fue muy básica, netamente materialista y muy pobre de contenidos. Uno presumía que, en virtud que las interpelaciones no tienen ni tendrán durante este período consecuencias políticas - así un ministro mate a su madre, por las mayorías parlamentarias que tiene el partido de gobierno -, la instancia serviría para vislumbrar, al menos, cuál debiera ser el verdadero objeto de las llamadas políticas sociales.  

Terminó siendo una doble exposición de opiniones. Unas, de la diputada Piñeyrúa, que concluyeron que el MIDES hacía clientelismo político, que  cuestionaron los criterios que aplica  el gobierno para otorgar las asignaciones familiares y la tarjeta Uruguay Social, así como las transferencias de dinero a los asistidos con fines electorales; y las otras, del ministro de Desarrollo Social Olesker, que contestó que en Salto y Paysandú el Frente Amplio perdió las intendencias que había obtenido en la elección anterior, a pesar que fueron los departamentos que encabezaron la entrega de tarjetas, permitiéndose realizar un cuestionamiento crítico al gobierno de Lacalle de hace una década y media atrás.

Las denominadas “políticas sociales” no son sólo aquellas que atienden la loable función del Estado de atender a los más desprotegidos. Un debate abarcativo debe considerar cuales son las necesidades básicas de un ser humano, sea cual sea su estatus socioeconómico, además del tipo de vivienda, la disponibilidad de saneamiento, la asistencia escolar y la capacidad de subsistencia de los hogares, entre otros ítems. Existen también necesidades inmateriales como el ansia de seguridad y paz, la cultura y el arte; y lo que algunos autores llaman “necesidades sociales”, que son las originadas por el momento histórico y el contexto social en que se vive (por ejemplo los paradigmas del consumo). Es ahí donde compite fuertemente la tercera pata de este asunto, el del combate a la desigualdad y la marginación, producto del conjunto de  necesidades  materiales, inmateriales y sociales insatisfechas, cuya ausencia propicia el aumento de la brecha entre pobres y ricos que, lamentablemente, se observa que los últimos gobiernos “progresistas” han logrado.

Las cargas impositivas que afectaron seriamente los ingresos de la llamada clase media, un deterioro terrible en la calidad de la educación y de la seguridad, sumadas a las políticas sociales destinadas únicamente al combate a la pobreza mediante el asistencialismo hacen que, a la hora de evaluar los avances en la materia pretendamos mejores resultados.